Los 504 millones sin ejecutar por Sanidad permitirían tratar un año a 21.000 pacientes con lecanemab

El crédito no utilizado en 2024 y 2025 equivale al coste anual estimado de miles de tratamientos con lecanemab y donanemab

El Ministerio de Sanidad dejó sin ejecutar aproximadamente 504 millones de euros de crédito definitivo durante los ejercicios de 2024 y 2025, los dos primeros años completos de Mónica García al frente del departamento. Una cifra que cobra una dimensión especialmente relevante al compararla con el coste de algunos de los nuevos tratamientos contra el Alzheimer que actualmente no cuentan con financiación pública en España.

Tomando como referencia los precios estimados de estos medicamentos, esos 504 millones de euros serían equivalentes al coste farmacológico necesario para tratar durante un año a alrededor de 21.000 pacientes con lecanemab o a unos 16.800 con donanemab. La comparación vuelve a situar en primer plano el debate sobre la incorporación de terapias innovadoras al Sistema Nacional de Salud y el impacto económico que supone hacerlo.

El caso de lecanemab

Lecanemab, comercializado bajo el nombre de Leqembi, es uno de los nuevos tratamientos dirigidos a determinados pacientes que se encuentran en fases iniciales del Alzheimer. Su coste estimado en España se sitúa alrededor de los 24.000 euros por paciente y año.

Aplicando ese importe a los 504 millones de euros de crédito que Sanidad dejó sin ejecutar durante 2024 y 2025, el resultado equivaldría aproximadamente a 21.000 tratamientos anuales. Se trata de una comparación estrictamente económica que permite visualizar la magnitud de los recursos presupuestarios que finalmente no llegaron a utilizarse.

La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, órgano en el que participan el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, ha rechazado la incorporación de lecanemab a la financiación pública del Sistema Nacional de Salud.

También con donanemab

La situación es similar en el caso de donanemab, comercializado como Kisunla y destinado también al tratamiento del Alzheimer temprano. La Comisión de Precios volvió a rechazar en julio su financiación pública, una decisión ante la que la Sociedad Española de Neurología ha expresado públicamente su preocupación.

El precio oficial de este tratamiento se encuentra en el entorno de los 30.000 euros por paciente y año. Sobre esa referencia, los 504 millones de euros no ejecutados representarían el coste aproximado de tratar durante doce meses a unas 16.800 personas.

Entre los criterios recogidos en la resolución sobre donanemab aparecen factores como la relación coste-efectividad, la necesidad de racionalizar el gasto farmacéutico y el impacto presupuestario que tendría su incorporación sobre el Sistema Nacional de Salud.

Una comparación económica

Estas equivalencias no significan, sin embargo, que los 504 millones de euros que quedaron sin ejecutar pudieran haberse destinado directamente a financiar estos medicamentos. Los créditos presupuestarios del Ministerio corresponden a diferentes programas y partidas, mientras que la financiación de los tratamientos farmacológicos se somete a un procedimiento específico de evaluación y aprobación.

Tampoco todos los pacientes diagnosticados de Alzheimer pueden recibir lecanemab o donanemab. Ambos tratamientos están dirigidos a perfiles concretos en fases tempranas de la enfermedad y presentan indicaciones restringidas. Además, requieren un seguimiento especializado debido a los riesgos asociados a su utilización.

El debate sanitario

Pese a estas limitaciones, la comparación permite dimensionar el alcance de una cantidad como 504 millones de euros dentro del presupuesto sanitario. La cifra emerge además en un momento en el que el coste de las terapias innovadoras, su efectividad y la capacidad del sistema público para asumirlas vuelven a ocupar una posición central en el debate sanitario.

La decisión sobre estos medicamentos refleja así uno de los principales retos del Sistema Nacional de Salud: equilibrar el acceso de los pacientes a nuevas terapias con los criterios de sostenibilidad económica y racionalización del gasto que condicionan su financiación pública.