Acciona reconoce pagos a Servinabar que no puede acreditar en el caso Cerdán

La acusación popular lleva al juez los papeles de Acciona: 373.000 euros facturados por Servinabar “sin poder acreditar” servicio alguno

La nueva pieza separada del ‘caso Cerdán’, a la que ha tenido acceso este medio, incorpora un informe interno de la constructora del IBEX 35 presidida por José Manuel Entrecanales que se vuelve contra ella: reconoce pagos a la sociedad de Antxon Alonso que no puede justificar. La acusación pide al instructor sumar formalmente el túnel de Belate al sumario.

La trama de adjudicaciones que investiga la Justicia en torno al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al exministro José Luis Ábalos suma un nuevo capítulo, y esta vez el material más comprometedor lo aporta la propia protagonista empresarial.

Un escrito de la Acusación Popular Unificada, presentado ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (Plaza nº 2), reclama al magistrado que incorpore de manera formal al sumario las obras de duplicación del túnel de Belate (Navarra) —adjudicadas por casi 63 millones de euros a una UTE de la que forma parte Acciona Construcción, S.A., filial de la cotizada del IBEX 35 presidida por José Manuel Entrecanales Domecq— y, para sostenerlo, se apoya en un documento demoledor: un informe elaborado por la propia Acciona el 17 de diciembre de 2025.

Ese informe interno analiza las relaciones societarias y mercantiles de la compañía con las personas físicas y jurídicas identificadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y en él la empresa admite un extremo difícil de explicar: al menos 373.000 euros fueron facturados por Servinabar 2000, S.L. a Acciona “sin que esta pueda acreditar si se corresponden con servicios realmente prestados”. La mayor parte de esos importes, según el documento, se vincula a las UTES que ambas formaron para ejecutar el pabellón Navarra Arena y el Archivo General de Navarra.

Es la propia compañía, por tanto, quien deja constancia de pagos a la mercantil que está en el centro de la investigación —la sociedad ligada al empresario vasco Antxon Alonso— sin poder demostrar qué recibió a cambio. El hallazgo cobra todo su sentido al cruzarlo con lo que la UCO ya había documentado: Servinabar habría firmado en 2015 un acuerdo por el que recibía un porcentaje neto de las adjudicaciones que lograra Acciona, y ambas se repartieron en Navarra al menos siete contratos en UTE por decenas de millones de euros bajo distintos gobiernos forales.

El núcleo del escrito es procesal, pero de fondo explosivo. La acusación recuerda que en su Informe nº 177/2025, de 11 de noviembre, la UCO ya había sugerido al entonces instructor del Tribunal Supremo que la obra de los túneles de Belate “podría ser incorporada al conjunto de adjudicaciones objeto de investigación” en la Causa Especial 20775/2020. Aquella propuesta quedó sin respuesta antes de que la competencia pasara del Supremo al órgano central de instrucción, tras perder Ábalos la condición de aforado al renunciar a su acta de diputado.

Ahora la acusación pide que se rescate esa sugerencia y se requiera a la UCO la incorporación formal de la UTE del túnel de Belate —integrada por Acciona Construcción, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar 2000— al material investigado.

El expediente de Belate llegó cargado de alertas internas. La obra, la mayor licitada por el Gobierno de Navarra en una década, se adjudicó por 62.881.801,65 euros (IVA excluido). Pero, según la denuncia que UPN presentó ante la Guardia Civil y que figura en la pieza, el procedimiento estuvo viciado: el presidente de la mesa de contratación, un funcionario cuya permanencia en activo fue prorrogada de forma extraordinaria pese a su edad de jubilación, emitió su puntuación en último lugar y conociendo ya la del resto de miembros, y su voto invirtió el resultado, de modo que la oferta mejor valorada hasta entonces pasó a segundo puesto y la UTE de Acciona ascendió a la primera posición y se convirtió en adjudicataria.

Tres de los ocho miembros de la mesa —el secretario, el interventor y el representante de la Junta de Contratación Pública de Navarra— firmaron hasta seis votos particulares denunciando la falta de motivación y los vicios del procedimiento, y las ofertas técnicas llegaron a permanecer varios días en una unidad de red accesible a cualquier empleado del departamento, lo que comprometió la confidencialidad de la licitación.

La pieza separada apunta además a una contradicción que salpica a la cúpula administrativa y al adjudicatario. Para acreditar la solvencia técnica de la UTE se admitió un certificado relativo al túnel de Caldearenas (autovía A-23) cuyo importe no alcanzaba, en principio, el mínimo de 65 millones exigido en el pliego. En el documento incorporado al expediente consta que ese certificado se expidió “a petición de Acciona”; sin embargo, el director general de Obras Públicas de Navarra declaró en sede parlamentaria que había sido él mismo quien lo solicitó al Ministerio de Transportes “para clarificar la propuesta”. Dos versiones incompatibles sobre quién movió el papel decisivo para validar la solvencia del adjudicatario.

El movimiento procesal es relevante por una razón: las pruebas más incriminatorias no proceden esta vez de la instrucción policial, sino del propio archivo documental de la compañía. Que una cotizada del IBEX reconozca por escrito pagos a la sociedad investigada sin poder acreditar contraprestación coloca el foco sobre la matriz que dirige Entrecanales, en un grupo que aún arrastra los efectos de una crisis reputacional que el propio presidente ha descrito como una de las más difíciles de su trayectoria.

Conviene subrayar que la causa se encuentra en fase de instrucción y que rige plenamente la presunción de inocencia para todas las personas físicas y jurídicas mencionadas; el informe de Acciona puede leerse, de hecho, en dos claves opuestas, como elemento de cargo que documenta pagos injustificados o como un ejercicio de revisión interna y colaboración con la investigación, y serán el instructor y, en su caso, la UCO quienes determinen su alcance.

Lo que el escrito busca es claro: tirar del hilo societario entre Acciona y Servinabar y extender el perímetro del sumario desde Belate hacia el resto de adjudicaciones navarras. Si el juez acepta la petición, una de las mayores obras públicas adjudicadas en Navarra en años quedará bajo el microscopio penal por presuntos delitos de prevaricación y malversación.