Los profesionales de asuntos públicos ganan peso estratégico en empresas e instituciones

La fuerte demanda de profesionales de asuntos públicos eleva las retribuciones y sitúa un tercio del sector por encima de los 80.000 euros anuales

• El sector, en plena expansión, podría duplicar su tamaño hasta los 5.000 profesionales en 2030

La creciente demanda de profesionales de los asuntos públicos en España está tensionando al alza las retribuciones del sector, hasta el punto de que casi un tercio de quienes trabajan en esta actividad percibe más de 80.000 euros brutos anuales, según el informe ‘Asuntos Públicos y Lobby. Radiografía de la profesión en España 2025’, elaborado por el Observatorio de Asuntos Públicos de la Universidad de Navarra y la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI).

El estudio, basado en una encuesta a 331 profesionales realizada entre septiembre y octubre de 2025, ofrece la fotografía más completa hasta la fecha de un colectivo que se ha consolidado como función estratégica en empresas, asociaciones e instituciones. La radiografía retrata a un sector altamente cualificado: el 99% de los profesionales cuenta con estudios universitarios y el 90% ha cursado algún programa de posgrado, siendo Ciencias Políticas (27%) y Derecho (26%) las titulaciones más frecuentes.

El 64% de los profesionales trabaja en departamentos internos de asuntos públicos dentro de empresas o asociaciones, mientras que el 36% lo hace en consultoras o como profesionales independientes. La actividad se concentra en sectores altamente regulados como Salud (22%), Energía (15%), Finanzas (8%) y Alimentación (8%).

El informe también revela que el 78% de los encuestados considera importante o muy importante contar con una regulación estatal específica, y que el 96% prevé que la relevancia de la profesión aumentará o se mantendrá en los próximos años, lo que anticipa una presión sostenida sobre la demanda de perfiles especializados.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

En este contexto de escasez de talento cualificado, Esteban González Guitart, fundador, director general y profesor del AP Institute de la Universidad Nebrija —el primer y único instituto universitario de formación superior en asuntos públicos y gobierno en España—, subrayó la fortaleza de la demanda de perfiles formados.

“Las empresas y las consultoras están requiriendo de forma continua los perfiles de nuestros alumnos. Nuestros másteres ya están en su segunda edición y, en muchos casos, con lista de espera”, afirmó González Guitart, quien vinculó esta tracción al ensanchamiento de un mercado que necesita profesionales preparados para responder a la creciente complejidad regulatoria.

UN SECTOR EN EXPANSIÓN

Esta tendencia de fuerte crecimiento se ve confirmada por el primer informe del Instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economía Aplicada (ICGEA) sobre profesionales y firmas de asuntos públicos en España, que califica de “muy positiva” la evolución del sector en la última década, tanto en su base profesional como en los servicios de consultoría.

Según el Instituto Coordenadas, la economía española está preparada para duplicar el sector sin problemas y cubrir la brecha con los principales países europeos en 2030, con una estimación de 5.000 profesionales y 200 millones de facturación anual de las firmas especializadas. El análisis del ICGEA advierte, no obstante, de que España tiene un déficit de tecnología aplicada al sector y de programas educativos relacionados con los asuntos públicos, en comparación con Reino Unido y Estados Unidos, lo que podría lastrar ese crecimiento si no se corrige.

El estudio de la Universidad de Navarra y APRI propone, entre sus cinco líneas de actuación prioritarias para consolidar el sector, fomentar el talento y la formación especializada, junto con el impulso de la autorregulación, la digitalización y el fortalecimiento de la narrativa pública sobre la función social de los asuntos públicos.